NotiColombia Press

Lo que ha dado en llamar ahora ”para-economía” es un fenómeno desarrollado por las estructuras criminales del narco-paramilitarismo con sectores terratenientes, financiastas y banqueros (lavan los narco-dólares), y con los miembros de la clase política, que demuestra que la violencia generada desde el estado tiene como causal última la economía.

Esa es una ligazón impúdica que ha sido orientada y dirigida desde el estado y ha producido un reacomodo de los sectores ”pudientes” en Colombia. La utilización de la violencia o, para ser más precisos, el ejercicio violento del poder, produjo en la primera ”Violencia” (1948-1958) más de 300 mil muertos y 1 millón de desplazados que dejaron tiradas sus tierras, animales, etc, los cuales pasaron a manos de los agenciadores de la violencia produciendo los nuevos ricos.

En esta segunda periodización de ”La Violencia”, la cual arranca en 1964 con el ataque a la vereda campesina de Marquetalia (Plan LASO), se han producido entre 250 y 500 mil muertos, desplazados más de 5 millones de colombianos y los nuevos ”ricos” se han apropiado de más de 6 millones de hectáreas.

El modus operandi no podía ser más macabro. Según el ex-paramilitar Pitirri: “Unos iban matando, otros comprando y otros legalizando”. Así se fueron apropiando de las tierras y asesinando a la población civil en cumplimiento del principio de la DSN de ”secarle el agua al pez”.

En debate adelantado por los congresistas Iván Cepeda y Guillermo Rivera, Cepeda denunció que la fiscalía debería investigar a Ramón Mojana, capo narcoparamilitar, sobre las tierras del ex senador Mario Uribe; investigar al zar de las esmeraldas Víctor Carranza, quien según un testigo, es propietario de dos millones de cabezas de ganado; a Rodrigo Sierra, alias El Negro o Ricardo, desmovilizado del bloque Calima y responsable del desplazamiento de comunidades en Jiguamiandó y Curvaradó, y dueño de varios cultivos de palma en el Chocó. Igualmente a Carlos Murgas, ex ministro de Agricultura de Andrés Pastrana y propietario de tierras en Norte de Santander; William Vélez Sierra, empresario y contratista (cercano a Uribhitler), y el ganadero cordobés Abraham Ganem.

Cepeda también denunció una fundación llamada Amigos de Los Montes de María, de la cual forma parte Otto Bula, propietario de la empresa agropecuaria El Central S. A. y quien fuera parte de unas listas de Mario Uribe al Congreso, considerada una de las mayores compradoras de tierras en la zona de los Montes de María, entre los departamentos de Bolívar y Sucre.

El representante Guillermo Rivera reveló que los paramilitares desmovilizados sólo han devuelto 6.600 hectáreas para reparación a las víctimas, de las más de cinco millones que usufructuaron mediante el despojo, el desplazamiento o la venta obligada a precios irrisorios y denunció a Augusto Tuto Castro Pacheco, hermano de un ex congresista condenado por parapolítica, quien tendría miles de hectáreas abandonadas por sus dueños en Magdalena, y que en Chivolo, en ese mismo departamento, aparecen como propietarios de predios que presuntamente fueron vendidos por amenazas de alias Jorge 40, los nombres de Saúl Severini, Pedro Sánchez Gamarra, Miguel Gnecco y Neila Soto. Es de recordar que en San Ángel se produjo la entrevista de Álvaro Uribe Vélez, alias Uirbhitler, con Jorge 40 antes de las elecciones del 2002.

Rivera tambié n denunció que algunas de las empresas palmicultoras instaladas en zonas de desplazados en el Chocó aportaron a la campaña del ex presidente Uribe en 2002 y al referendo reeleccionista de 2009, y que con el programa Agro Ingreso Seguro se benefició a personas incluidas en la Lista Clinton y pedidas en extradición por narcotráfico, como el empresario de Cúcuta Jensy Dávila, alias Ernesto, y Jorge Enrique Domínguez, alias Only, del norte del Valle.

En respuesta a las denuncias, el ministro Juan Camilo Restrepo reiteró el compromiso del Gobierno en la devolución de tierras y resarcimiento a los desplazados y afectados por la violencia: “Estamos trabajando con mucha atención y energía en la política de devolución de tierras y resarcimiento a tantos desplazados y afectados por la violencia, esto es uno de los temas que tiene muy claro el Gobierno”, enfatizó. [1]

Falta todavía por esclarecer la participación del sector empresarial denunciado por Salvatore Mancuso para completar este cuadro macabro que demuestra que el narco-paramilitarismo como política de estado estaba presente en todas las esferas de la vida institucional colombiana.

La posición asumida por el ejecutivo son meros ”pañitos de aguatibia” dada la magnitud del problema ya que el ministro de agricultura, Juan Camilo Restrepo, ha anunciado que ”Dos millones de hectáreas se propone recuperar el Gobierno con nueva ley de suelos.”

Y el resto? Se convertirá la administración Santos en la ”saneadora” para los cuatro millones restantes? Seguirá Santos la misma política de Uribhiter, pero ahora con palabras dulces y hechos duros?

Todavía queda resonando en nuestros cerebros la denuncia contra el ex ministro de defensa Gabriel Silva Luján de aparecer entre los ”beneficiarios” de la asignación de predios en Carimagua.

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[1] (Fuente: El Espectador) Graves denuncias en debate sobre desplazamiento, tierras i víctimas. http://www.elespectador.com/impreso/politica/articuloimpreso-219823-graves-denuncias-debate-sobre-desplazamiento-tierras-y-victi